miércoles, mayo 13, 2009

LA CANDIDEZ DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

EL NUEVO HERALD - 13 de mayo de 2009


Hace unos días el Departamento de Estado publicó su informe ''Country Reports on Terrorism 2008''. Contiene un examen sobre las organizaciones terroristas y la actuación de los gobiernos en 142 estados. A pesar de las múltiples pruebas y de que el propio Comando Sur sabe de la confabulación del gobierno venezolano con las FARC y el ELN, no se incluyó a este país entre aquellos que patrocinan el terrorismo.

El asesinato de 8 soldados por parte de las FARC, en un ataque planificado y lanzado desde territorio venezolano, efectuado a finales de abril, colocó nuevamente el tema sobre la mesa. Aunque medios de comunicación y analistas se tragaron completo el anzuelo lanzado por Chávez y creyeron que su apoyo a las guerrillas ya estaba superado, no es así. A su manera, el propio teniente coronel lo reconoció. Hace un mes dijo que ''difícilmente alguien pueda decir que soy enemigo de las FARC. No soy su aliado ni su protector y tampoco su enemigo''. Ante la solicitud de ayuda de Uribe para que la Fuerza Armada Nacional venezolana persiguiera y capturara a los asesinos, evidenció que no lo hará porque eso involucraría a su país en el conflicto colombiano. Fue contundente, ''no valdrá presión de ningún tipo'' que lo obligue a combatirlas.

Pero en aras de expandir la ''revolución bolivariana'' y construir la ''patria grande'', Venezuela ya está involucrada en la situación colombiana. No se puede olvidar que el año pasado Chávez hizo explicito su apoyo a las guerrillas brindándoles cobertura política, propugnando por otorgarles estatus de beligerancia y ofreciéndoles financiación, que no se sabe si finalmente se concretó. Es conocido, además, el continuo flujo de munición y armamento, así como la complicidad frente a la instalación en Venezuela de campamentos guerrilleros, donde se mantienen secuestrados. En uno de ellos se esconde Iván Márquez, responsable del Bloque Caribe que asesinó a los soldados.

Sin embargo, en este tema el informe del Departamento de Estado lo trata con guantes de seda. Se equivoca gravemente en el diagnóstico al afirmar que es la simpatía ideológica de Chávez con las FARC y el ELN la razón que limita la ayuda a Colombia en la lucha contra el terrorismo, desconociendo que no se trata sólo de un problema de cooperación, sino de algo mucho más grave: complicidad con ambos grupos.

Las relaciones que mantiene con las FARC y el ELN no son humanitarias, tampoco improvisadas. Son una política del estado venezolano. La mejor prueba la proporciona el Departamento del Tesoro. En septiembre de 2008 incluyó en la llamada ''Lista Clinton'' a la mano derecha de Chávez, el ex ministro del interior Ramón Rodríguez Chacín, al igual que al director de Inteligencia Militar (DGIM) y al director de Servicios de Prevención e Inteligencia (DISIP). Los tres están implicados en actividades de narcotráfico relacionadas con las FARC. Según Adam J. Szubin, director de la la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, ''armaron, patrocinaron y financiaron a las FARC''. Nadie puede pensar que los tres altos funcionarios realizaran esa labor si no fuera porque estaban ejecutando una política y cumpliendo órdenes de Chávez.

Pero el informe trae un monumento a la candidez. Afirma que Chávez cambió de rumbo al pedir públicamente la liberación incondicional de los secuestrados y decir que la lucha armada estaba fuera de lugar en América Latina. ¡Qué ingenuidad! Ambas declaraciones eran maniobras en una coyuntura en que se comenzaba a sentir la presión internacional. Con habilidad generaron esa percepción, cuando en realidad eran una distracción para quedarse en la misma posición.

No existe tal cambio. Por el contrario, el gobierno de Chávez ratificó la decisión de convertir el territorio venezolano en un refugio y en un espacio para que las FARC se organicen, realicen adoctrinamiento, propaganda y contactos clandestinos con otros gobiernos y organizaciones, bajo la mampara de la Coordinadora Continental Bolivariana, su brazo internacional. En marzo pasado, para conmemorar el aniversario de la muerte de Manuel Marulanda se inauguró en Caracas, con amplia publicidad, una ''Escuela de Formación'' de las FARC.

El gobierno de Obama debe estudiar con más seriedad el tema, no sea que la historia se repita. Rohan Gunaratna recuerda que aún después del primer atentado, en 1993, contra el World Trade Center, ''las autoridades norteamericanas cerraron los ojos ante la existencia de un entorno extremista dedicado a proporcionar personal y recursos para la yihad en distintas partes del mundo''. La atención la colocaron después de los carros bomba contra dos embajadas norteamericanas en el Cuerno de Africa. Ya era demasiado tarde.

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domingo, mayo 10, 2009

SINDICALISTAS ASESINADOS: UNA CONTABILIDAD RETORCIDA



Publicado en: Blog “Debate Nacional”

Por Libardo Botero*

Mayo 3 de 2009

Para el gobierno van 10 sindicalistas asesinados este año. Las centrales obreras, siguiendo su fuente dilecta, la Escuela Nacional Sindical (ENS), apuestan por 9, un poco menos como cosa rara. Yo pienso que pueden ser más. Hace poco un líder sindical me informaba del asesinato por delincuentes comunes, de un miembro de su organización; pero se niega a reportarlo pues no comparte el criterio de darle una connotación política que no tiene. Nos duele y repudiamos el asesinato de cualquier compatriota, ¿pero qué sentido tiene esta cruel contabilidad?

Somos el único país en el mundo que tiene una entidad dedicada a registrar esa cuenta fatídica, la ENS, y a edificar sobre ella un mito: que somos el país más peligroso del mundo para el sindicalismo. Hay una especie de morbo en rebuscar muertos a tutiplén para elevar la suma lo más alto posible y enrostrarla al gobierno, pese al evidente descenso de los casos. La Confederación Sindical Internacional reprodujo hace unas semanas la información de sus pares colombianos sobre 4 sindicalistas muertos, cuando ya se había aclarado que dos no eran sindicalistas y un tercero murió de infarto y no asesinado. A la CSI solo le interesa difundir la versión que le llega y parece regodearse con ello.

Para la lista cualquier tipo de muerto vale, con tal de presentar un “genocidio” contra el sindicalismo por obra y gracia del gobierno y los empresarios. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de los muertos no lo son por su calidad de sindicalistas, y los autores principales son guerrilleros, paramilitares o delincuentes comunes. Acaba de declarar el Fiscal Mario Iguarán: “En los dos últimos años se ha proferido más del 73 por ciento del total de las sentencias condenatorias que por asesinato de sindicalistas se han dictado en la historia judicial de este país. Y los culpables son las Auc, la guerrilla y la delincuencia común. Si bien se han asesinado sindicalistas en razón de su actividad, debe anotarse que en un buen número de casos son ultimados por causas ajenas a su calidad de sindicalistas. En otros casos, hemos concluido que la responsabilidad es atribuible a miembros de la Fuerza Pública, pero no hay un solo caso donde se evidencie que ello es una política del Estado o del empresariado colombiano”. Nada de eso se reconoce pues se quiere mostrar lo contrario a toda costa.

Tengo la sospecha de que nuestra situación no es diferente a la de otros países, o inclusive de menor cuantía, pero en ninguna otra parte tienen una entidad especializada en llevar esa estadística, ni grupos interesados en magnificarla y deformar el fenómeno. EEUU, por ejemplo, tiene un total de homicidios similar al de Colombia, entre 16 y 17 mil por año; y una tasa de afiliación sindical 3 veces superior a la nuestra, con unos 16 millones de miembros. Solo en los lugares de trabajo son asesinadas alrededor de 1.000 personas al año. La probabilidad de que un sindicalista sea asesinado –por diversas causas, ajenas a su afiliación- es significativa; es presumible que algunos centenares de sindicalistas mueran asesinados cada año. Y así puede ocurrir en México o Brasil, entre otros, con mayor sindicalización que nosotros, población más elevada y grados importantes de violencia. Pero no llevan esa contabilidad retorcida ni sufren la saña enfermiza que Colombia.

Según datos de la Fiscalía, en 2005 en Colombia fueron asesinados 1.294 comerciantes, 1.050 desempleados, 949 agricultores, 800 personas de oficios varios, 545 albañiles, 446 estudiantes, 428 guerrilleros, 381 vendedores ambulantes, 375 conductores, 236 soldados profesionales, entre otros grupos sociales. El mismo año la ENS reportó 72 sindicalistas asesinados y el gobierno 40. La tasa de homicidios del país es de 33 por cien mil habitantes, de 86 para policías y para los sindicalistas de apenas 5. Ser sindicalista es menos peligroso que ser comerciante, agricultor, albañil, estudiante o soldado. Pero para el mundo solo cuentan los asesinatos de sindicalistas. El resto de colombianos no tiene dolientes. Si aquella cifra baja a cero, así la degollina siga para el resto, bienvenidos serán el TLC, el Plan Colombia o el Acuerdo con la UE. ¿Podemos seguir permitiendo esa lógica perversa?

* Economista. Analista e investigador del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).