El diario EL TELÉGRAFO de Ecuador hizo una entrevista con los cabecillas de las FARC. Por parecer de interés para los lectores de este Blog la publicamos.
"Ya
tenemos claro que no habrá desmovilización. Llegaremos a acuerdos sobre la
dejación de las armas, en el sentido en que estas pierdan su razón de ser al
resolver las causas de la guerra".
Los delegados plenipotenciarios de las FARC, desde La Habana, señalan que los planes para aniquilarlos han fracasado
“Resueltos los problemas del pueblo, resueltos los de las FARC ”
Los comandantes Iván Márquez, Ricardo Téllez, Jesús Santrich, Marcos Calarcá y Andrés París responden a un cuestionario de este diario. Aquí algunas pistas del futuro del proceso Diálogo con el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Redacción Actualidad
El 18 de octubre de 2012 inició, en Oslo, Noruega, uno de los
procesos más importantes para buscar la paz en Colombia. El gobierno de
Juan Manuel Santos y las FARC, después de largas y secretas
conversaciones, decidieron sentarse para dialogar sobre los problemas
más acuciantes de su país. Ese día el mundo pudo ver, en directo, como
cada delegación respondía al reto de la historia desde sus demandas
políticas. Los diálogos continuarán el 15 de noviembre en La Habana,
Cuba.
El Telégrafo quiere propiciar el análisis que tal proceso ha generado
y contribuir a la discusión pública de las tesis de ambos actores. En
ese contexto, contactamos a los Delegados Plenipotenciarios de la Paz de
las FARC-EP en La Habana, vía electrónica. Aquí se revelan algunos
aspectos que ahondan la posición de las FARC respecto al momento
histórico en el que se dan estos nuevos diálogos. Las respuestas fueron
escritas por Iván Márquez, Ricardo Téllez, Jesús Santrich, Marcos
Calarcá y Andrés París.
¿Cuáles fueron los principales argumentos para empezar un nuevo proceso de diálogo por la paz en Colombia?
Desde siempre hemos buscado una salida dialogada al conflicto social y
armado que vive Colombia. Las banderas de la paz pertenecen al pueblo y
somos parte sustancial del mismo. Tras más de 50 años de continuos
fracasos del Estado y los sucesivos gobiernos en la lucha
contrainsurgente, ahora dan muestras de realismo político y militar. Nos
buscan para dialogar y encuentran a un interlocutor dispuesto a
hacerlo, teniendo en cuenta que si hay voluntad política de la
contraparte se podrá avanzar hacia una paz con justicia social.
¿En qué momento y cuáles son los elementos que incidieron
para que Juan Manuel Santos decida tratarlos como fuerza beligerante y
no como terroristas?
Nos trata como insurgencia obligado por la realidad. El cumplimiento
del compromiso de aniquilarnos militarmente adquirido por el gobierno
anterior ante la Casa Blanca fracasó, como fracasaron igualmente los
programas impuestos: el Plan Colombia y sus variantes el Plan Patriota y
el Plan Consolidación, entre otros, obligando a la oligarquía, en
cabeza de Juan Manuel Santos, a reconocer la existencia del conflicto
social y armado que afronta el país.
Esa realidad obligó al reconocimiento de hecho de nuestro carácter de
fuerza beligerante, aunque ellos no lo quieran reconocer a través del
derecho, pese a que tengamos todos los requisitos: somos una
organización político-militar con mando centralizado; nos guiamos por
nuestras propias normas organizativas y disciplinarias; estamos
desplegados en todo el territorio nacional; nuestros combatientes visten
uniforme y portan visiblemente sus armas y en la mente llevan el
programa revolucionario de la Nueva Colombia, la Patria Grande y
Socialismo.
La imputación de terroristas no se la creen ni los mismos que nos la
han achacado. Usted puede ver a los señores del gobierno reunidos con
nosotros, a representantes de prestigiosos gobiernos aportando al
proceso que se inicia y puede leer el alud de pronunciamientos hechos a
diario. En ninguna parte aparece el término al que usted refiere. Muchos
analistas, de tendencia liberal, dicen que ustedes se sientan a
dialogar porque están en una situación de “derrota estratégica”. Con
vencidos o derrotados no se dialoga. Se impone la voluntad del vencedor.
Esa es la esencia de la guerra.
¿Es legítimo sentarse a negociar con un Estado que muchas
veces ha actuado de acuerdo a los lineamientos de EE.UU. de considerar a
Latinoamérica como un patio trasero de experimentos bélicos para
apropiarse de recursos naturales?
Las FARC-EP no están negociando nada, porque nada tiene que negociar.
Dialogamos con el gobierno en la búsqueda de una salida política al
conflicto social y armado.
La permanente injerencia de los EE.UU. y otras potencias en Colombia
es una de las causas fundamentales de la guerra que sufre nuestro
pueblo. Sin esa abundante ayuda económica y militar (Colombia es el
tercer país receptor de ayuda militar gringa), sin el recibimiento de
asesores, de equipamiento y entrenamiento de tropas, de soportes en el
área de la inteligencia militar, el ejército oficial habría colapsado
hace rato.
El Estado colombiano, cumpliendo órdenes de Washington, declara la
guerra y la desarrolla. Son ellos, EE.UU., quienes tienen que pararla.
Es con ellos que debemos entendernos. Los vietnamitas mientras
enfrentaban la guerra de agresión de Francia y luego de los EE.UU.
dialogaron con sus agresores sin abandonar los principios. Es una
enseñanza que hay que tener en cuenta.
¿Saben ustedes cuál es la postura oficial -pero no pública-
del gobierno de Barak Obama sobre estas nuevas negociaciones de paz?
¿Trataron este asunto con el gobierno colombiano antes de las
conversaciones?
Voceros del Departamento de Estado de los EE.UU. han felicitado
públicamente al señor Santos por iniciar las conversaciones. Antes del
viaje de la delegación de las FARC-EP a Oslo, Noruega, hubo una inusual
declaración del mismo Departamento, y con posterioridad a Oslo, un
tercer pronunciamiento bastante prudente.
Hubiera sido bueno que en la última comparecencia de los candidatos
en la Tv, Obama se hubiese ocupado de América Latina y fijado la
posición de su próximo gobierno frente al conflicto colombiano. No
obstante, en una desacostumbrada entrevista Obama habló de sus deseos de
paz para Colombia y formuló su propósito, como es lógico sin consultar
los intereses de la mayoría, exponiendo que para él el conflicto se
resuelve simplemente con que las FARC-EP dejen las armas. Una visión
desafortunadamente irreal y unilateral.
¿En qué medida la presencia de delegados ex militares en la
mesa de negociación cambia positivamente las condiciones para llegar a
un acuerdo de paz? ¿Conocen mejor los militares las sinuosidades no
políticas de la lucha armada?
En procesos de diálogos anteriores también participaron algunos
generales retirados, como es el caso del general Forero Delgadillo, o
del general Joaquín Matallana, quien siendo coronel encabezó el ataque
contra la región de Marquetalia. Hoy hacen presencia en la mesa dos de
los hombres que apostaron por la derrota militar de nuestra organización
guerrillera. Es deseable que generales en servicio activo también se
vinculen, muchos de ellos han sido asaltados en su buena fe para
adelantar una guerra en contra de su propio pueblo.
Por otra parte, la Fiscalía dice que hay más de 15.000 militares
investigados por diversos delitos: los homicidios fuera de combate
(falsos positivos), los vínculos con el paramilitarismo, las
desapariciones, torturas, abusos de poder son lastres que avergüenzan a
militares honestos. El fantasma de lo que ocurrió a los generales en
Argentina, Uruguay, Guatemala, el Salvador ronda hoy en los salones
dorados de los clubes de oficiales de las FF.MM. y de Policía. Esperamos
que los militares por fin aporten a la paz del país.
Antes de continuar con los puntos a tratarse en la agenda de
los diálogos, quisiéramos saber dos cosas: 1.- ¿Hay consenso al interior
de las FARC de que es la hora de negociar la paz y abandonar las armas?
La bandera de la paz es nuestra. Desde nuestros orígenes hemos
planteado soluciones diferentes a la guerra. Es parte de nuestra línea
política. Por ello existe unanimidad en adelantar los diálogos con el
gobierno, de eso que no quepa la menor duda.
Este es un proceso que apenas comienza. Cada punto de la agenda
contempla unos sub-puntos que habrá que desarrollar con creatividad para
ir encontrando fórmulas de acuerdos que deben comenzar a plasmarse en
la vida práctica de la sociedad colombiana. Si en la refrendación e
implementación de los acuerdos se van obteniendo resultados concretos,
se transitará hacia un país que ataca las causas que han dado origen al
conflicto; seguramente esto hará innecesario el uso de las armas que
legítimamente hemos empuñado hasta el momento.
La guerra nunca ha sido un fin para los guerrilleros y las
guerrilleras de las FARC-EP, por tanto, si dejan de existir las causas
que hicieron tronar las armas, estas se silenciarán y no tendrán ninguna
utilidad.
Y dos: ¿Aún consideran a la lucha armada como una alternativa
militar y política mientras en la mayoría de países, sobre todo en el
Sur de América, hay procesos políticos que los más optimistas han
calificado de progresistas? ¿Cómo miran ustedes esos procesos?
Los pueblos de nuestra América y del mundo tienen derecho a luchar
por sus intereses y en contra de aquellos que usurpan sus derechos y
riquezas. La forma de lucha es decisión de cada pueblo consultando las
realidades que vive. Las FARC-EP no son pregoneras de la lucha armada
específicamente, esta no surge por decreto de nadie. Obedece a factores
muy específicos de cada sociedad. Como revolucionarios nos solidarizamos
con todas las luchas de los pobres de la tierra.
En Colombia no se permite hacer política de otra manera. El carácter
violento, asesino y sanguinario de las apátridas élites nacionales,
plegadas a las políticas del Pentágono (un Estado violento que utiliza
el terrorismo como método preferido de dominación), así lo confirman.
Una larga lista de otros factores hace que nuestro país sea tierra
fértil para la expresión armada de la lucha, sin ir más lejos, la
desigualdad social. Nuestro país ocupa el vergonzoso cuarto lugar sobre
la lista a nivel mundial... y ¿qué decir de la corrupción? Nuestros
gobernantes, metidos hasta los tuétanos en negocios sucios, no respetan
ninguna norma moral, mucho menos una carta ética. Y como corolario, el
hecho real de que en nuestro país aquel que disienta del sistema y sus
políticas se convierte automáticamente en objetivo militar.
En otros países de la Patria Grande se dan procesos en los cuales hay
gobiernos que consultan y representan los intereses populares, toda
nuestra admiración y solidaridad para con ellos. Entre otras cosas esa
realidad influye positivamente en este nuevo intento de salida dialogada
al conflicto.
Uno de los puntos básicos de la agenda de diálogos es el tema
agrario. Si consideramos que ningún país latinoamericano ha hecho una
reforma agraria, ¿qué les lleva a pensar y plantear que el Programa
Agrario de las FARC puede encontrar eco en el gobierno de Santos que ha
propuesto una ley de desarrollo rural? ¿Cuáles serían los puntos que
harían avanzar un acuerdo básico en este tema?
No es sólo el Programa Agrario de los Guerrilleros, aprobado en 1964 y
que sigue absolutamente vigente, sino que además nos adecuamos a las
nuevas realidades, abocándonos a construir soluciones que garanticen los
derechos de los campesinos, indígenas y afrodescendientes, generando
condiciones de vida digna producto del trabajo.
Consultando los conceptos de tierra, territorio y espacialidad,
desarrollo amigable con la tierra se resalta, por cierto, que el
capitalismo amenaza la propia existencia del planeta; lo que
reivindicamos es una explotación racional de los recursos, acorde a una
existencia digna del ser humano. Por otra parte, el discurso pronunciado
en Oslo por el Comandante Iván Márquez a nombre de las FARC-EP y
firmado por el Secretariado Nacional de la organización, denuncia la
trampa de la llamada ley de restitución de tierra, por medio de la cual
se pretende legitimar el despojo de miles de hectáreas. El ardid: la
"venta" o "arrendamiento" de la tierra a los campesinos, comunidades
indígenas y afro-descendientes de manera legal. Una vez legalizadas las
transacciones, los terrenos son despojados o "confiscados" por necesidad
del Estado.
Frente a las dificultades jurídicas que pueden derivarse si
ustedes se desmovilizan, como producto de estas conversaciones, ¿qué
salidas concretas proponen para cambiar la percepción de una opinión
pública formada en la desconfianza y en la idea de que muchas de sus
acciones fueron criminales y que deben pagar por ellas antes de pensar
en una abierta participación política?
Ya tenemos claro que no habrá desmovilización. Llegaremos a acuerdos
sobre la dejación de las armas, en el sentido en que estas pierdan su
razón de ser al resolver las causas de la guerra. No es posible mirar la
institucionalidad de una manera estática. Si estamos levantados contra
ella actualmente no es con esa misma institucionalidad que se
construirán los caminos de la paz. Se deben hacer cambios y es la mesa
de conversaciones la encargada de proponerlos, y de construir los
acuerdos necesarios para atender las situaciones derivadas de los
mismos.
De llegar a un acuerdo, ¿tienen ustedes un plan o proceso de
desmovilización que asegure a los guerrilleros no solo una situación
jurídica segura sino una reintegración social paulatina? ¿Y una
reintegración económica?
Desafortunadamente la desinformación es la cuarta arma en la guerra.
Los medios de comunicación hacen mella. Pensamos que lo positivo es
mirar el proceso que estamos iniciando con objetividad hacia ambas
partes y no generar expectativas irreales con exigencias que no
corresponden a la insurgencia. Nos preguntas sobre la reintegración
nuestra a la sociedad, a la economía y nuestra respuesta no puede ser
que otra pregunta: ¿Y en virtud de qué artilugio estamos nosotros por
fuera de la sociedad?.
El proceso de construcción de la paz con justicia social resolverá
los problemas de la población colombiana en general. Los guerrilleros y
las guerrilleras nos incluimos ahí. En otras palabras, resueltos los
problemas de pueblo, del cual somos parte esencial, estarán resueltos
también los problemas de la guerrillerada.
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| Atentado en Pradera, Valle del Cauca. 38 heridos, 2 terroristas muertos. Según el alcalde las bombas ibán a ser detonadas debajo de la tarima en un evento que el 31 de octubre congregaba a 5000 niños. |
Desde diversas esferas siempre se ha relacionado a las FARC
con el narcotráfico; pero es el Estado el principal responsable de no
controlar la producción y el tráfico de alcaloides. ¿Cuál es la posición
de ustedes respecto a un tema que no solo le concierne a toda la
sociedad colombiana sino a las redes internacionales que lucran de este
negocio?
Estamos de acuerdo con ustedes sobre la responsabilidad del Estado en
ese fenómeno. Sin desconocer la gravedad del problema para los pobres
del mundo, es necesario precisar que el narcotráfico es un pretexto
usado por los gringos para agredir a los pueblos. Citemos sólo tres
ejemplos: la invasión a Panamá; el Irangate, para financiar actividades
encubiertas (como llaman a los delitos de los organismos de
inteligencia); el Plan Colombia, como forma de justificar su descarado
intervencionismo en territorio colombiano y latinoamericano.
Afirmamos con vehemencia que no somos narcotraficantes y no lo hemos
sido jamás. No tenemos cultivos, no los cuidamos, no tenemos
laboratorios y tampoco comercializamos la cocaína. Lo que nosotros
hacemos es cobrar impuestos a las actividades económicas que se realizan
en los territorios donde ejercemos influencia, incluyendo el mercado de
la hoja de coca. Eso es lo que llaman participación en el narcotráfico.
Muestra palmaria son nuestras propuestas de soluciones posibles a este
nefasto problema. En 1993 propusimos atacar el fenómeno del narcotráfico
como un problema social y de salud y no con soluciones represivas y
medidas de policía. Después, en el 2000 propusimos la legalización del
consumo de sicotrópicos, nos miraron con desdén y sin embargo esa
realidad se abre paso actualmente como forma de solución.
Igualmente, en el mismo año, en el marco de los diálogos
desarrollados con el gobierno de Andrés Pastrana, se realizó una
audiencia pública internacional sobre el tema. Allí propusimos un plan
elaborado por el comandante Manuel Marulanda, para erradicar los
llamados cultivos ilícitos. El plan fue visto con buenos ojos y recibió
comentarios positivos, pero a la hora de ponerlo en práctica ningún
país, ninguna organización, ninguna personalidad dijo nada y allí quedó,
en el olvido. Otro elemento para sus conclusiones: ¿Por qué las
recientes avalanchas de declaraciones, denuncias y confesiones hechas
por los narcotraficantes siempre vinculan a políticos en ejercicio,
militares en ascenso, ganaderos vinculados con paramilitares, y
empresarios? ¿Quiénes son lo que verdaderamente se lucran de este
negocio?
¿Cuáles son los mea culpa de las FARC luego de tantos años de
lucha y dolor para quienes están dentro y fuera de la guerrilla en
Colombia?
No es posible abordar la tarea de la construcción de la paz pensando
únicamente en las responsabilidades de la guerrilla, desconociendo la
realidad, olvidando quiénes son los verdaderos causantes de la violencia
y viendo como única salida la claudicación del pueblo que lucha por sus
derechos.
Nunca nuestro Ejército ha realizado operativos contra objetivos
civiles, está en nuestros lineamientos éticos proteger a la población,
sus bienes. Es más, hace parte de nuestra esencia como Ejército del
Pueblo. Preguntémonos más bien ¿quién se esconde tras la población
civil?, ¿quiénes tienen los cuarteles e instalaciones en medio de los
poblados desconociendo la normatividad internacional?, ¿quiénes se
atrincheran en las escuelas?, ¿quiénes se hacen transportar por civiles?
Y un largo etcétera de violaciones a las leyes que rigen la guerra.
Si por situaciones de la confrontación hemos hecho algún daño a la
población civil, esa no ha sido nunca nuestra intención y estamos
dispuestos a aclarar cualquier duda en ese sentido.
¿Qué posición tienen acerca de la frase del negociador De la
Calle cuando dijo que “... no serían rehenes de la mesa de diálogo...”?
De la Calle muestra la posición y urgencias del gobierno de Santos.
Ellos están presionados por las transnacionales para continuar el
inmisericorde saqueo de nuestras riquezas. Acostumbrados a hacer lo que
les viene en gana, de acuerdo a sus intereses y en medio de su
prepotencia, no entienden cómo el pueblo en armas exige participación en
las decisiones del país, para las mayorías.
No queremos considerar las palabras de Santos como una amenaza al
proceso. El compromiso firmado es trabajar en los acuerdos de manera
eficaz. Aprendimos de nuestro Comandante en Jefe, Manuel Marulanda
Vélez, que el trabajo para lograr la paz de nuestro pueblo se debe hacer
“lento pero seguro”.
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